La propuesta de reducir cerca de un 86% los recursos del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía abrió una discusión sobre su efectividad. Los antecedentes públicos muestran que sí existen evaluaciones, con observaciones críticas y recomendaciones favorables de diseño. La evidencia sobre su impacto requiere una distinción adicional.
El proyecto de Presupuesto 2027 propone disminuir los recursos del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), dependiente de la Subdere, desde aproximadamente $3.634 millones en 2026 a $514 millones. Se trata de una propuesta presupuestaria que puede modificarse durante su tramitación en el Congreso.
Entre las explicaciones atribuidas a la Subdere apareció la afirmación de que el programa nunca había sido evaluado en diez años. Posteriormente, consultada por VerificaUDP, la institución precisó que se refería a la falta de evaluaciones de impacto. Esta aclaración es relevante: los registros oficiales sí documentan evaluaciones y seguimiento del programa.
La evaluación de 2019 fue crítica
La Dirección de Presupuestos realizó en 2019 una Evaluación de Programas Gubernamentales que calificó al PTRAC con “Mal Desempeño”. Por lo tanto, existe una evaluación estatal posterior a su implementación, y su resultado no fue favorable.
El informe identificó problemas de focalización, gestión e información. También advirtió que faltaban mediciones de la población de perros y gatos y mecanismos de seguimiento que permitieran comprobar si las campañas de esterilización estaban contribuyendo a controlar la población de animales en abandono o vagancia.
Al mismo tiempo, reconoció que abordar la tenencia responsable correspondía a una orientación adecuada de política pública. Sus críticas apuntaban a cómo estaba diseñado y ejecutado el programa y a las dificultades para medir sus resultados.
Hubo revisiones posteriores, pero sus alcances son distintos
El registro oficial publicado en el Banco Integrado de Programas Sociales y No Sociales consigna una evaluación ex ante de 2022 con recomendación favorable. Esa revisión respalda el diseño presentado; no constituye una demostración de que el programa haya reducido efectivamente el abandono o los ataques de perros.
Por otra parte, el monitoreo de la ejecución de 2022 presentó resultados mixtos. No detectó deficiencias evidentes en los criterios de focalización y situó la ejecución respecto del presupuesto final dentro del rango esperado. Sin embargo, observó un peor desempeño en un indicador de propósito e inconsistencias en otro: se informaban 222 comunas participantes, mientras la población beneficiada reportaba 276.
Estos antecedentes impiden presentar ese monitoreo como una aprobación general del funcionamiento del programa. También confirman que existían instrumentos de revisión y observaciones concretas que atender.
Cobertura y prestaciones no equivalen a impacto
El reporte oficial correspondiente a 2025 registra 281 comunas beneficiadas, frente a 265 en 2024, y una cobertura del 90,6% respecto de las 310 comunas definidas como población objetivo. Son datos de alcance territorial; no representan el porcentaje de mascotas atendidas ni una reducción comprobada del abandono.
Para discutir sus resultados conviene distinguir tres preguntas:
- Diseño: ¿las acciones propuestas son coherentes con el problema?
- Ejecución: ¿se entregaron las prestaciones y se utilizaron adecuadamente los recursos?
- Impacto: ¿qué cambios pueden atribuirse al programa?
Un programa puede prestar servicios y mejorar su diseño sin contar todavía con evidencia suficiente para responder la tercera pregunta.
Una decisión presupuestaria que necesita fundamentos claros
Los antecedentes permiten cuestionar una afirmación general de ausencia de evaluaciones. También obligan a reconocer que hubo una evaluación desfavorable y dificultades para medir resultados finales.
Como criterio editorial, una reducción de esta magnitud debiera acompañarse de una explicación pública sobre qué prestaciones se mantendrán, qué problemas se corregirán y cómo se evaluarán los efectos del cambio presupuestario.
La ciudadanía necesita conocer tanto los beneficios documentados como las deficiencias del programa. Exigir mejores resultados y resguardar la continuidad de las prestaciones requiere decisiones sustentadas en evidencia, con metas verificables y responsabilidades claras.
